El CLARITY Act supera el comité bancario del Senado, pero una disputa ética frena la votación en el pleno

El CLARITY Act salió adelante en el Comité Bancario del Senado el 14 de mayo de 2026, con 15 votos a favor y 9 en contra. El avance acerca a Estados Unidos a su norma clave sobre estructura de mercado cripto, aunque la iniciativa sigue sin tener asegurados los apoyos necesarios para llegar a la votación final: un desacuerdo sobre una única disposición de ética pública se ha convertido en el principal bloqueo. La ley define el reparto de competencias entre la SEC y la CFTC en materia de activos digitales y se considera heredera del proyecto FIT21, que no prosperó en el Senado en 2024. El texto fue presentado en mayo de 2025 por el representante French Hill (Arkansas) y la Cámara de Representantes lo aprobó en julio de 2025 por 294 votos a 134. Desde entonces, su tramitación en el Senado se ha estancado. La votación en comité volvió a reflejar la disciplina de partido. Los 13 senadores republicanos votaron a favor; por el lado demócrata, solo Ruben Gallego (Arizona) y Angela Alsobrooks (Maryland) respaldaron el texto. Además, el comité rechazó por 11 votos a 13 una enmienda del senador Van Hollen que habría impedido a funcionarios públicos mantener determinados intereses vinculados a criptomonedas. Ese pulso se perfila ahora como el último gran obstáculo. Qué regula el proyecto El CLARITY Act divide la supervisión de los activos digitales en tres categorías. La CFTC asumiría la jurisdicción principal sobre las llamadas "materias primas de activos digitales", es decir, el mercado al contado. La SEC mantendría la autoridad sobre los activos digitales restringidos que se consideren valores. Las stablecoins quedarían en una tercera categoría bajo supervisión conjunta de la SEC y la CFTC. El esquema busca cerrar una disputa competencial de años que ha dejado al sector en un entorno de incertidumbre legal. Como referencia, Patrick Witt, asesor cripto de la Casa Blanca, ha descrito el proyecto como una solución que aporta al sector aproximadamente el 90% de lo que necesita. La expectativa de una aprobación rápida es elevada, y ya existe un puente regulatorio temporal: el 17 de marzo de 2026, la SEC y la CFTC publicaron una interpretación conjunta de 68 páginas que clasifica expresamente 18 criptoactivos como "commodities" digitales, entre ellos Bitcoin, Ether, Solana, XRP y Litecoin. Ese marco cubre el vacío mientras la ley sigue pendiente, pero no la sustituye. Siete votos por debajo en el pleno Antes del voto decisivo, los negociadores deben unificar dos versiones del texto: la del Comité Bancario y la del Comité de Agricultura del Senado, que aprobó su propia versión de estructura de mercado en enero. Solo después podría someterse a votación en el hemiciclo. La barrera real está ahí: la ley necesita 60 votos para superar el umbral de "cloture" y evitar un filibuster. Con 53 senadores republicanos, faltan al menos siete votos demócratas. Entre los posibles apoyos decisivos se citan Kirsten Gillibrand, Mark Warner, Cory Booker, Chris Coons y Raphael Warnock. El precio político de esos votos lo marca la cláusula ética: impediría que altos cargos se beneficien de vínculos empresariales con la industria cripto y se considera el mayor escollo para llevar el proyecto a la votación final. Gillibrand ha fijado una línea roja: sin esa cláusula, no permitirá que la ley avance. Ahí se concentra el conflicto. La Casa Blanca ha señalado en varias ocasiones que no aceptará una disposición enfocada a los intereses cripto del presidente. Por eso, la negociación ya no gira tanto en torno al diseño de la estructura de mercado —donde existe un acuerdo amplio— como a un debate sobre conflicto de intereses en la cúpula del Gobierno. El reloj aprieta Las estimaciones sobre cuándo podría aprobarse difieren. Galaxy Research sitúa la probabilidad de aprobación en 2026 en el 75% y espera una firma la semana del 3 de agosto de 2026, según su responsable de investigación, Alex Thorn. El objetivo original de la Casa Blanca, el 4 de julio, se considera ahora exigente. La senadora Lummis calificó una votación en junio como "probablemente bastante optimista". En el extremo más prudente, TD Cowen advierte de un posible deslizamiento a 2027. La presión sobre el calendario es tangible: al Senado le quedan cuatro semanas de trabajo en junio y solo tres más en julio antes del receso de agosto. Además, el CLARITY Act compite por tiempo de debate con las negociaciones presupuestarias, las discusiones sobre FISA y un proyecto de vivienda recién aprobado por la Cámara de Representantes. En consecuencia, desde el inicio se descartó una votación antes del receso por Memorial Day del 21 de mayo. Incluso si se aprueba, la incertidumbre no desaparecerá de inmediato. Es poco probable que existan reglas exigibles antes de 2027, ya que la SEC y la CFTC necesitarán entre 12 y 18 meses para desarrollar la normativa. Hasta entonces, el sector seguirá operando bajo la interpretación de marzo. Además, la versión final deberá alinearse con el texto ya aprobado por la Cámara de Representantes, ya sea mediante adopción directa o a través de un comité de conferencia. Las próximas semanas serán determinantes para comprobar si se mantiene el ritmo. Cody Carbone, consejero delegado de la Digital Chamber, anticipa negociaciones intensas entre los dos comités y los primeros compromisos en el frente de Agricultura. En el Comité Bancario, el tono sigue siendo cauto. Cynthia Lummis, coarquitecta del proyecto, resumió así el momento tras la votación: "Nadie está descorchando el champán todavía. Queda muchísimo por hacer".