Japón reclasifica las criptomonedas como instrumento financiero y las equipara a acciones y bonos

El gabinete japonés aprobó el 10 de abril un proyecto de ley que reclasifica las criptomonedas como instrumento financiero bajo la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsa (FIEA) modificada. El cambio saca a los criptoactivos del marco de la Ley de Servicios de Pago y los coloca, a efectos legales, al mismo nivel que las acciones y los bonos. La reforma endurece de forma notable el régimen sancionador: las penas máximas de prisión por vender sin registro pasan de 3 a 10 años, y las multas suben de 3 millones de yenes a 10 millones de yenes. También se prohíbe de manera explícita el uso de información relevante no pública (insider trading) en criptoactivos. El giro no se limita a un ajuste técnico. Es un cambio de categoría jurídica con implicaciones inmediatas para plataformas, emisores, inversores institucionales y los cerca de 13 millones de residentes en Japón que ya mantienen cuentas de criptomonedas. La incógnita es el alcance real de las nuevas exigencias y el calendario de adaptación. Claves del cambio - Reclasificación bajo FIEA: las criptomonedas pasan del tratamiento como medio de pago al marco completo de la FIEA, alineado con acciones y bonos. - Prohibición expresa de uso de información privilegiada: se aplican de forma explícita las restricciones por operar con información material no pública. - Escalada de sanciones: hasta 10 años de prisión para vendedores no registrados y multas de hasta 10 millones de yenes. - Enmienda de la LPS Act: las firmas japonesas de capital riesgo podrán mantener criptoactivos directamente, eliminando una barrera que empujaba parte de la financiación de startups al exterior. - Alineación fiscal en el horizonte: el tipo máximo sobre cripto se reduciría del 55% a un 20% fijo sobre plusvalías, en línea con la renta variable. - ETF de bitcoin: la Agencia de Servicios Financieros (FSA) apunta a 2028 como objetivo para aprobar ETF de criptoactivos junto con estos cambios normativos. Qué cambia para operadores e inversores Hasta ahora, la regulación se apoyaba en la Ley de Servicios de Pago, donde las criptomonedas quedaban encuadradas principalmente como mecanismo de pago más que como vehículo de inversión. Ese enfoque condicionaba estándares de custodia, obligaciones de información, niveles de protección al inversor y la severidad del cumplimiento. El informe del Consejo del Sistema Financiero de la FSA de febrero de 2026 identificó el problema central: la "asimetría de información" entre emisores e inversores minoristas se había vuelto estructuralmente peligrosa conforme los criptoactivos evolucionaban hacia una clase de inversión. El nuevo proyecto de ley aborda esa cuestión desde la definición legal. Al integrarse en la FIEA, los emisores quedarían sujetos a requisitos obligatorios de divulgación anual sobre tecnología, oferta de tokens, factores de riesgo y casos de uso, incluso en activos ya listados que no estén captando financiación. Es un esquema comparable al que se aplica a emisores de acciones en Japón. Para las 105 criptomonedas que la FSA señaló para reclasificación —incluidas Bitcoin y Ethereum— el perímetro de cumplimiento se amplía de forma significativa. Vigilancia institucional sobre la enmienda de la LPS Act El ajuste a la LPS Act es uno de los puntos que más atención concentra entre observadores institucionales. Hasta ahora, los fondos japoneses de venture capital estructurados como sociedades comanditarias de inversión (investment limited partnerships) no podían mantener criptoactivos directamente. Esa restricción habría contribuido durante años a desviar capital destinado a startups Web3 hacia estructuras y jurisdicciones extranjeras. La enmienda elimina ese obstáculo y permite a los VC nacionales tomar exposición a criptoactivos sin reestructurar a través de entidades fuera de Japón. Según la lectura del mercado, el cambio sienta una condición clave para desarrollar un ecosistema doméstico de venture cripto. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, enmarcó la aprobación del gabinete como un mandato doble: "ampliar la oferta de capital para el crecimiento" y garantizar "equidad de mercado, transparencia y protección del inversor". La lógica que subyace es que una supervisión con estándar de valores es un requisito para la adopción institucional. Un informe de Sandmark Crypto Intelligence de abril de 2026 indicó que el 42% de los profesionales de finanzas globales citaban la incertidumbre regulatoria como la principal barrera para asignar capital a cripto. Con esta iniciativa, Japón reduciría ese freno en su mercado doméstico. En ese contexto, el texto lo califica como el movimiento regulatorio más relevante en Japón desde las enmiendas de la Ley de Servicios de Pago posteriores a Mt. Gox: no añade solo reglas, cambia la categoría legal, y con ello se modifican en cadena las obligaciones y el grado de ejecución. El artículo "Japan Crypto Revolution Inbound? Tokyo Pass New Law Equalising Crypto and Stocks" se publicó originalmente en Cryptonews.