JPMorgan: las negociaciones de la Ley CLARITY se acercan a un acuerdo definitivo

JPMorgan asegura que las conversaciones en torno a la Ley CLARITY están cerca de culminar, tras reducirse los puntos en disputa hasta un número muy limitado. En semanas recientes, las diferencias se habrían estrechado a 23 cuestiones pendientes en total y, según el banco, los negociadores ya identifican solo dos o tres asuntos verdaderamente sin resolver. La propuesta busca dotar a Estados Unidos de un marco legal más claro para los activos digitales. Entre sus ejes figura el reparto de competencias entre la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), además de reglas específicas para stablecoins y plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). Según el informe de JPMorgan, el debate sobre las "recompensas" asociadas a stablecoins también habría avanzado hacia posiciones más próximas. Un alto responsable de política pública citado en el documento indicó que, tras semanas de discusión, el tema se encuentra "en un mejor punto", lo que alimenta la expectativa de un texto aceptable para ambos partidos. En el plano regulatorio, la Ley CLARITY pretende trazar una línea más nítida entre SEC y CFTC, un foco recurrente de fricción en la política cripto estadounidense. La clasificación de tokens sigue siendo una pieza clave: el Congreso trabaja en definir cuándo un activo digital debe someterse a las normas de valores y cuándo debería recibir un tratamiento distinto. Ese criterio condicionará el funcionamiento de emisores, plataformas de negociación e inversores bajo la normativa federal. El borrador también incorpora capítulos sobre stablecoins y DeFi, ámbitos que no encajan con facilidad en los marcos financieros tradicionales. Fuentes conocedoras del proceso señalan que el texto está muy cerca, aunque persisten negociaciones sobre la supervisión de DeFi y la clasificación de determinados tokens. Uno de los puntos más sensibles es si los emisores de stablecoins podrán ofrecer rendimientos o incentivos similares a recompensas. La banca se ha opuesto a este enfoque por considerar que puede asemejarse a la captación de depósitos sin las salvaguardas aplicables a las entidades tradicionales. Las empresas cripto, por su parte, piden margen para ampliar servicios vinculados a stablecoins. JPMorgan sostiene que las propuestas más recientes podrían concitar apoyo tanto de firmas cripto como de instituciones financieras tradicionales, en un mercado donde las stablecoins son centrales para pagos, trading y liquidación. Aun con los avances, el calendario político sigue pesando. No hay fecha para una votación formal y la redacción legislativa definitiva continúa pendiente, lo que deja abierta la puerta a retrasos. JPMorgan advierte de que las elecciones de mitad de mandato de 2026 podrían alterar el recorrido: el banco apunta a la posibilidad de que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes, con el consiguiente ajuste de la agenda legislativa y un ritmo potencialmente más lento para la política cripto. Asesores de política implicados mantienen un tono constructivo y recuerdan que no existe una ley perfecta, lo que refuerza la necesidad de compromisos para cerrar los últimos flecos.