El Bitcoin Policy Institute pide personarse para frenar una demanda sobre Bitcoin supuestamente "abandonado"

Resumen del mercado generado por IA
Bitcoin Policy Institute solicitó intervenir en un caso en Nueva York que busca el título sobre 39.069 direcciones de Bitcoin inactivas, argumentando que la teoría de "propiedad abandonada" de los demandantes es jurídicamente y técnicamente defectuosa. Un fallo favorable a los demandantes podría debilitar la percepción de los derechos de propiedad de la autocustodia al tratar monedas mantenidas durante mucho tiempo e inactivas como abandonadas. Aunque es poco probable un control onchain inmediato, el litigio plantea riesgos de cola regulatorios y legales en torno a BTC inactivos.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
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El Bitcoin Policy Institute (BPI) ha presentado una solicitud para intervenir en un procedimiento judicial en Nueva York en el que unos demandantes anónimos intentan adjudicarse la titularidad de 39.069 direcciones de Bitcoin que consideran abandonadas. La entidad sostiene que el planteamiento es erróneo tanto en lo jurídico como en lo técnico y advierte de que una resolución favorable podría erosionar los derechos de propiedad de los tenedores de Bitcoin, incluidos quienes mantienen sus activos inmóviles durante años de forma deliberada. El caso, conocido por el seudónimo del demandante principal, se inició en marzo de 2026. Un actor que se identifica como "Noah Doe", junto con dos entidades de Wyoming a las que habría cedido derechos, solicita el control de 39.069 direcciones inactivas. La demanda afirma que esas direcciones contienen en torno a 3,7 millones de BTC, valorados en unos 237.000 millones de dólares a precios de mercado actuales, e incluye monederos vinculados a Satoshi Nakamoto. Los demandantes sostienen que, bajo la legislación de Nueva York sobre bienes abandonados o perdidos, esas posiciones deberían tratarse como propiedad abandonada, lo que les permitiría reclamar el título como "encontradores". Según la demanda, identificaron las direcciones con un algoritmo propio, entregaron el listado al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) en memorias USB y, más tarde, enviaron avisos onchain mediante OP_RETURN a esas direcciones. El BPI replica que la inactividad no es una prueba fiable de abandono: muchos titulares optan por mantener Bitcoin en autocustodia sin moverlo durante largos periodos. El "think tank" con sede en Washington, especializado en investigación y política pública sobre Bitcoin, también argumenta que las direcciones son observables públicamente y, por tanto, no pueden considerarse "encontradas" en sentido legal. Además, diferencia entre la propiedad de una dirección y la propiedad del Bitcoin asociado. La organización añade que las normas de Nueva York sobre bienes perdidos se diseñaron para propiedad física y no para activos digitales, y alerta de que una victoria de los demandantes podría desincentivar la autocustodia al empujar a los usuarios a mover periódicamente sus fondos o a depender de servicios custodios. Galaxy Digital también ha señalado debilidades del caso. En un informe reciente, Alex Thorn, responsable de investigación global de la firma, indicó que casi todas las direcciones citadas como demandadas coinciden con la campaña de "dusting" de 2025 y con monederos cuya titularidad afirmó en otros litigios Craig Wright. Wright, el informático australiano que se atribuyó ser el creador de Bitcoin, fue declarado en desacato por un tribunal del Reino Unido a finales de 2024 por persistir en esas afirmaciones y en demandas de propiedad intelectual vinculadas a Bitcoin pese a una sentencia que las rechazó. Se le impuso una pena de prisión de 12 meses, suspendida durante dos años. Thorn subrayó que la demanda presenta fallos legales y fácticos relevantes: valoraciones inexactas, direcciones asociadas a fondos robados y a monederos de quema, un notificador potencialmente ficticio y dudas sobre el anonimato de las entidades corporativas demandantes. Incluso en el supuesto de que prosperara, el analista apuntó que los demandantes obtendrían previsiblemente una declaración judicial, pero no el control efectivo del Bitcoin, lo que limitaría el beneficio práctico a una posible palanca frente a los "exchanges" si las monedas llegaran a moverse.