El Bitcoin Policy Institute se opone a una demanda en Nueva York sobre la propiedad de bitcoins inactivos

Una demanda presentada en Nueva York busca atribuirse la titularidad de 39.069 direcciones de Bitcoin inactivas. El Bitcoin Policy Institute (BPI) quiere impedir que esa tesis prospere. El BPI, un think tank apartidista centrado en políticas públicas sobre Bitcoin, ha solicitado personarse en un procedimiento ante la Supreme Court del Condado de Nueva York que podría reconfigurar el concepto legal de "propiedad" de Bitcoin cuando no hay actividad reciente en la cadena. El caso, interpuesto en mayo de 2026 por un demandante bajo seudónimo, "Noah Doe", junto con dos entidades de Wyoming, sostiene que los bitcoins que permanecen sin moverse en monederos durante cinco o seis años deben considerarse bienes abandonados conforme al Artículo 7B de la Ley de Bienes Muebles del estado de Nueva York. Según la demanda, esas carteras "dormidas" agruparían alrededor de 3,7 millones de BTC, valorados en el momento de la presentación entre 237.000 y 293.000 millones de dólares. La postura del BPI es clara: el Bitcoin en autocustodia no se convierte en "abandonado" por el mero hecho de no registrar movimientos recientes. La autocustodia implica conservar las propias claves y decidir los plazos de uso sin tener que demostrar a terceros que se sigue "pendiente". En apoyo de esa interpretación, The Digital Chamber, una de las principales organizaciones de defensa del sector blockchain, presentó el 6 de julio un escrito amicus. Advierte de que, si el tribunal acepta que la inactividad equivale a abandono, se abriría un frente de inseguridad jurídica sobre el título de propiedad de cualquier monedero en autocustodia. La demanda ya ha tenido que recortarse. Desde su presentación, algunas de las carteras inicialmente señaladas han mostrado actividad onchain, lo que obligó a los demandantes a estrechar el perímetro de sus pretensiones. Ese hecho debilita el argumento del abandono: los monederos de Bitcoin no "caducan" y el protocolo no contempla la transferencia de la propiedad por el simple transcurso del tiempo. La cadena de bloques es indiferente a si las monedas se movieron hace cinco minutos o hace cinco años. El BPI presentó su petición de intervención a principios de julio de 2026, al considerar que el procedimiento puede sentar un precedente de gran alcance sobre derechos patrimoniales valorados en cientos de miles de millones de dólares. Para los inversores, el caso merece seguimiento, especialmente para quienes mantienen BTC en autocustodia. Un fallo favorable a los demandantes no se limitaría a las carteras inactivas: alteraría el marco legal de la propiedad de Bitcoin en Nueva York y podría tener efectos fuera del estado. Un fallo que descarte la autocustodia como "propiedad abandonada" supondría, en cambio, un hito para los derechos de propiedad digital, reforzaría la legitimidad de las estrategias de tenencia a largo plazo y aportaría claridad en un ámbito donde la normativa estadounidense sobre activos digitales ha sido notoriamente ambigua. La intervención del BPI y de The Digital Chamber indica que el sector cripto no permitirá que esta cuestión se resuelva sin escrutinio. Con cerca de 3,7 millones de BTC potencialmente en juego y un precedente capaz de irradiarse a múltiples jurisdicciones del país, este juzgado de Nueva York se ha convertido en un punto de referencia para el futuro de los derechos de propiedad digital.