China reclama más de 61.800 BTC en el Reino Unido por un fraude de inversión de 5.700 millones de dólares

China reclama a los tribunales británicos la entrega de más de 61.800 BTC, junto con otras criptomonedas y bienes, que considera producto de un fraude de inversión de 40.380 millones de yuanes (unos 5.700 millones de dólares). La solicitud forma parte de un proceso de confiscación de activos vinculados a una captación ilegal atribuida a Qian Zhimin, también conocida como Yadi Zhang. El 13 de octubre, el Tribunal Popular Intermedio N.º 2 de Tianjin anunció que había aceptado una solicitud para recuperar activos generados presuntamente por esa operación. El tribunal admitió formalmente el caso el 28 de septiembre y abrió un plazo de seis meses para que inversores afectados y otras partes interesadas se personen en el procedimiento de confiscación. Los fiscales buscan incautar criptomonedas, efectivo, joyas, productos financieros e inmuebles presuntamente adquiridos con fondos ilícitos. Los inversores que no se sumen al procedimiento actual seguirán pudiendo reclamar compensación con cargo a los activos recuperados. La trama, entre abril de 2014 y agosto de 2017, habría sido articulada por Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, controlada por Qian. La empresa está acusada de captar 40.378 millones de yuanes mediante productos de gestión patrimonial no autorizados comercializados en varias ciudades chinas. Los productos prometían devolución garantizada del principal y rendimientos extremadamente altos —de hasta el 300 %, según algunos informes—, con aportaciones de cientos de miles a millones de yuanes. Los fiscales sostienen que el dinero se recicló para pagar a inversores anteriores, financiar proyectos falsos y comprar criptomonedas, inmuebles, vehículos y artículos de lujo. Más de 102.000 inversores acumulan pérdidas superiores a 19.900 millones de yuanes. La solicitud de confiscación identifica una cartera de criptoactivos que incluye más de 61.800 BTC, más de 72.700 Bitcoin Cash, más de 3,6 millones de XRP y tenencias de Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin y otros tokens. Los fiscales reclaman los beneficios ilícitos, los bienes adquiridos con ellos y los ingresos generados por esos activos, menos las cantidades devueltas a los inversores conforme a la ley aplicable. Qian huyó de China en julio de 2017 con un ordenador que, según los investigadores, contenía acceso a carteras de criptomonedas. Habría entrado en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves bajo el nombre de Yadi Zhang y, según las autoridades, trabajó con colaboradores para convertir criptomonedas en efectivo y bienes. La policía británica comenzó a rastrear los fondos en 2018. Registros en un inmueble de Londres y en una caja de seguridad ese año permitieron recuperar dispositivos y claves privadas que daban acceso a importantes tenencias de Bitcoin. Qian fue detenida en abril de 2024 tras una investigación conjunta del Reino Unido y China. Su colaborador Jian Wen fue condenado en 2024 a seis años y ocho meses por blanquear criptomonedas vinculadas al fraude. Qian se declaró culpable de blanqueo en septiembre de 2025 y fue sentenciada a 11 años y ocho meses en el Southwark Crown Court el 11 de noviembre. Las criptomonedas incautadas siguen siendo objeto de reclamaciones enfrentadas en los tribunales británicos. En una sentencia del 12 de octubre, el juez del Tribunal Superior Mark Turner dictaminó que la ley china debe regir las reclamaciones de propiedad subyacentes de las víctimas que buscan una parte de los criptoactivos. El tribunal concluyó que las transacciones originales, la presunta conducta ilícita y las compras de criptomonedas ocurrieron en China, por lo que la ley china resulta aplicable a los derechos subyacentes. Unos 16.000 afectados se han personado hasta ahora en los procedimientos de recuperación en el Reino Unido. Según el artículo 281 de la ley británica de Productos del Delito de 2002, los reclamantes deben demostrar un interés de propiedad legal para recuperar activos. La sentencia de octubre no decidió si los inversores individuales tienen derecho a los Bitcoin ni a su revalorización desde la incautación; esas cuestiones siguen en disputa y algunos abogados de las víctimas han apelado. La fiscalía británica impulsa por separado una recuperación civil bajo la ley de Productos del Delito; el Tribunal Superior aún no ha resuelto las reclamaciones enfrentadas. El caso pone de relieve las dificultades persistentes de la recuperación transfronteriza de activos con grandes tenencias de criptomonedas, sobre todo cuando se discuten el control de las carteras, la cadena de transacciones y la ley aplicable. La resolución final influirá en cómo las víctimas de grandes fraudes vinculados a criptoactivos pueden recuperar valor y en cómo los tribunales equilibran las reclamaciones bajo leyes extranjeras y las normas nacionales de recuperación civil. Seguiremos de cerca las vistas y apelaciones en el Reino Unido mientras víctimas, fiscales y abogados litigan por quién recibe finalmente las criptomonedas incautadas.