El Congreso de EE. UU. impulsa la CLARITY Act para blindar el bitcoin en autocustodia frente a reclamaciones por "propiedad abandonada"

Un litigio en Nueva York ha encendido las alarmas en la industria cripto: una persona identificada como Noah Doe intenta hacerse con 3,8 millones de bitcoins que no se han movido —unos 200.000 millones de dólares, cerca del 18% del suministro total— apoyándose en la ley estatal de "objetos perdidos" gestionados por la policía. Su tesis sostiene que, si una cartera permanece inactiva durante años y nadie la reclama, podría considerarse propiedad abandonada. Ante ese riesgo, el Congreso de EE. UU. ha incorporado con urgencia un nuevo apartado a la CLARITY Act. La Sección 20216 establece que los activos digitales en autocustodia no pueden considerarse abandonados, no reclamados ni sujetos a reversión al Estado (escheat), ni tampoco puede transferirse la titularidad o los derechos de hallazgo a un tercero únicamente por la inactividad prolongada de la cartera o por la falta de interés continuado del titular. Con esta redacción, el proyecto desplaza normas estatales o locales que interpreten "años de inactividad" como motivo suficiente para cambiar la propiedad. El texto también fija un límite clave: la protección federal se aplica a los activos en autocustodia, definidos como aquellos en los que el propietario mantiene control exclusivo de la clave privada sin depender de un custodio, una plataforma de intercambio o un intermediario. En cambio, las reglas de bienes no reclamados siguen vigentes para activos bajo custodia, y el borrador preserva expresamente ese marco para exchanges, brókeres y custodios. En la práctica, una cartera con clave privada propia y una cuenta en un exchange con un valor equivalente de BTC quedarían en lados opuestos: en el exchange, el custodio controla la clave, por lo que continúan aplicando los plazos de inactividad, obligaciones de reporte y entrega contemplados por la normativa estatal. La urgencia de la Sección 20216 se entiende al mirar la legislación neoyorquina. La Sección 7B de la Personal Property Law regula bienes perdidos entregados a la policía, y el Artículo 257 permite que la propiedad pase al hallador bajo condiciones específicas, incluida la posibilidad de consolidar la titularidad de bienes valorados en menos de 10 dólares tras un año de búsqueda infructuosa del dueño. Noah Doe y dos empresas están utilizando ese esquema para reclamar 39.069 direcciones de Bitcoin inactivas que albergan aproximadamente 3,799 millones de BTC (casi el 18% del total). Su expediente menciona campañas de notificación mediante OP_RETURN, comunicados y ventanas de reclamación como indicios de que se trataría de propiedad no reclamada. La teoría se apoya en el "silencio" de las carteras: años sin movimientos, ausencia de respuesta y falta de un titular que se presente para impugnar. La Sección 20216 corta de raíz ese planteamiento al impedir que la inactividad prolongada o la falta de comunicación sea, por sí sola, la base para atribuir derechos de propiedad bajo leyes estatales de bienes no reclamados. Dicho esto, los demandantes también aportan otros elementos —informes policiales, avisos vía OP_RETURN e intentos de contactar con posibles propietarios—, lo que complica el alcance práctico de la protección. Incluso si la CLARITY Act se convierte en ley, podrían sostener que su reclamación no descansa exclusivamente en la inactividad. La cláusula cierra el atajo legal que está poniendo a prueba el caso, pero no resuelve automáticamente el pleito: el juez deberá valorar si esas pruebas adicionales alteran el análisis. A partir de aquí, el resultado dependerá de las negociaciones en el Senado. En el escenario más favorable, la Sección 20216 se mantiene íntegra —incluido su lenguaje de prioridad— y los tribunales interpretan de forma estricta la expresión "únicamente por inactividad", ofreciendo una protección real a la autocustodia. En ese contexto, argumentos basados solo en la dormancia, como los vinculados a Noah Doe, serían más difíciles de sostener, al exigir evidencia más allá de años de silencio. En el escenario adverso, el Senado podría recortar o suavizar la Sección 20216 antes de la votación final, dejando margen para que los jueces ponderen la inactividad junto con otros factores. Seguiría abierta la puerta a normas estatales sobre carteras dormidas y a estrategias similares que combinen largos periodos sin actividad con campañas de notificación. La autocustodia seguiría protegida como práctica —poseer claves privadas propias seguiría siendo legal—, pero la cuestión de la titularidad tras muchos años de inactividad quedaría, en gran medida, a decisión caso por caso. En cualquier caso, la Sección 20216 elimina el argumento más simple para reclamar direcciones de Bitcoin silenciosas: que la mera inactividad durante años equivale a abandono. Si esa barrera será suficiente dependerá de lo que sobreviva del texto tras el Senado y de hasta qué punto los tribunales consideren qué puede probar, y qué no, el silencio.