El DOJ busca archivar el caso BitClub por fraude de 722 millones de dólares

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) estaría avanzando hacia la retirada de los cargos federales contra Matthew Goettsche, fundador de BitClub Network, una supuesta operación de minería de Bitcoin acusada de haber estafado a inversores por 722 millones de dólares entre 2014 y 2019. De confirmarse, el giro supondría una de las rectificaciones más relevantes en la persecución de criptoactivos en Estados Unidos en los últimos años. Según Bloomberg Law, la oficina del fiscal general adjunto del DOJ dio instrucciones a la fiscalía de Nueva Jersey para que solicitara el sobreseimiento del caso contra Goettsche "con perjuicio". Tras esa directriz, los abogados del acusado comunicaron al tribunal que las partes habían alcanzado un "acuerdo de principio" para resolver los cargos pendientes, aunque necesitarían más tiempo para cerrar los términos. La figura del "sobreseimiento con perjuicio" es clave: en la práctica suele impedir que el Gobierno vuelva a presentar las mismas acusaciones, lo que cerraría el procedimiento contra Goettsche en su forma actual. En un escrito dirigido el miércoles a la jueza federal Claire Cecchi, los letrados de Goettsche señalaron que existe un acuerdo preliminar para poner fin al asunto, pero que aún quedan pasos procesales por completar y condiciones por concretar. Bloomberg Law informó el viernes, citando a dos fuentes conocedoras del caso, de que la cúpula del DOJ ordenó formalmente a los fiscales de Nueva Jersey pedir el archivo con perjuicio. Goettsche fue acusado formalmente en diciembre de 2019 y tenía juicio previsto en octubre. Entre los cargos figuraban conspiración para cometer fraude electrónico (wire fraud) y venta de valores no registrados. Los fiscales describieron BitClub como un "pool" de minería en el que los inversores podían comprar participaciones y obtener ingresos pasivos. De acuerdo con las alegaciones recogidas en la cobertura, la organización habría falseado las cifras de ganancias comunicadas a los inversores y fabricado datos relacionados con la minería para atraer a más participantes. El posible cambio de criterio llega en un contexto de ajuste del mensaje interno del DOJ sobre cómo abordar el sector de los activos digitales. Un memorando de abril de 2025 del fiscal general adjunto Todd Blanche instó a alejarse de lo que el propio departamento calificó como "regulación mediante procesos penales" contra la industria, según un documento publicado por el DOJ. Esa orientación se ha interpretado como una recalibración del alcance de la acción penal para delimitar conductas en el ámbito cripto. Aun así, las acusaciones en BitClub se encuadran en un terreno habitual para la fiscalía estadounidense: presunto engaño a inversores y teorías de fraude y valores, más que debates novedosos sobre si una función tecnológica constituye un delito. Si el Gobierno decide retirarse en este caso, el foco pasará a estar en cómo valora la solidez probatoria o el planteamiento jurídico bajo el nuevo marco interno. El asunto también llama la atención por los antecedentes procesales de otros implicados. Según la información publicada, tres excolaboradores de Goettsche —Silviu Balaci, Joseph Abel y Gordon Beckstead— ya se declararon culpables. Ese hecho puede intensificar el escrutinio si la causa principal se archiva mientras otros participantes ya han cerrado sus procedimientos. En paralelo, la actividad del DOJ contra fraudes y robos vinculados a criptoactivos continúa en otros frentes. En abril, un hombre de California, Evan Tageman, fue condenado a 70 meses de prisión por una presunta trama que habría robado aproximadamente 263 millones de dólares en criptomonedas mediante ingeniería social y robos en domicilios, según Cointelegraph. También se informó en abril de la congelación de más de 700 millones de dólares en criptoactivos relacionados con estafas de inversión dirigidas a estadounidenses, y en febrero de la incautación de casi 580 millones de dólares vinculados a una red de estafa operativa en el Sudeste Asiático. Qué vigilar a partir de ahora: por el momento, el avance es principalmente procesal. La defensa sostiene que existe un acuerdo de principio, pero sin términos definitivos. El mercado y los observadores legales esperarán a los próximos escritos para confirmar si el sobreseimiento se hace oficial y, en su caso, cómo justifica el DOJ su decisión, especialmente cuando hay acusaciones de fraude sobre la mesa.