Hong Kong empezará a recopilar datos de transacciones cripto en 2027 y Corea del Sur aplaza la tributación hasta 2029

La OCDE ha puesto en marcha el CARF para permitir el intercambio transfronterizo de datos sobre operaciones con criptoactivos. Hong Kong recopilará información en 2027 y empezará a intercambiarla en 2028. Corea del Sur retrasará la tributación hasta 2029 por falta de integración de datos. Los datos que se compartirán incluyen registros de transacciones; las ganancias sujetas a impuesto dependerán de la residencia fiscal y del cálculo del coste de adquisición. Autor del artículo y fuente: Conflux. Si un inversor compra bitcoin en un exchange extranjero y lo transfiere a otra plataforma para venderlo, ¿se enterará su autoridad fiscal de esa operación? Si opera con tokens en varias plataformas, ¿cómo calculan las autoridades si finalmente obtuvo ganancias o pérdidas? En el pasado, los criptoactivos podían moverse entre plataformas de todo el mundo, pero los registros de transacciones solían estar dispersos entre distintos países y regiones. Aunque las autoridades fiscales establecieran reglas claras, podían carecer de visibilidad sobre el historial completo de los inversores. Esa brecha de información está empezando a cubrirse mediante mecanismos internacionales de intercambio de información fiscal. El 4 de noviembre, el Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó el proyecto de ley de Ingresos Internos (Enmienda) (Marco de Información sobre Criptoactivos y Norma Común de Comunicación de Información Revisada) de 2026. Según lo previsto, los proveedores de servicios de criptoactivos relevantes de Hong Kong comenzarán a recopilar información de clientes y transacciones en 2027, y el Departamento de Ingresos Internos empezará a intercambiar esos datos con jurisdicciones fiscales socias en 2028. Al día siguiente, el Gobierno de Corea del Sur anunció su intención de retrasar otros dos años la aplicación del impuesto sobre ganancias de criptoactivos, hasta 2029. Hong Kong empieza a articular canales transfronterizos para intercambiar información sobre operaciones con criptoactivos; Corea del Sur opta por aplazar la tributación porque aún no considera suficiente la preparación para el intercambio transfronterizo de datos y la aplicación tributaria. Que las autoridades fiscales puedan acceder a los registros de transacciones se ha convertido en un factor crítico para gravar con eficacia las ganancias cripto transfronterizas. Las operaciones en el exterior también deben declararse. En el sistema financiero tradicional, las cuentas bancarias y las cuentas de valores llevan tiempo incluidas en los mecanismos de intercambio transfronterizo de información fiscal. Desde 2018, Hong Kong intercambia automáticamente información de cuentas financieras con jurisdicciones socias bajo la Norma Común de Comunicación de Información (CRS). Las entidades financieras, como los bancos, deben identificar la residencia fiscal de sus clientes y comunicar la información de cuentas relevante a las autoridades fiscales según lo exigido. Los criptoactivos tienen una característica distintiva: las operaciones pueden producirse entre plataformas de distintos países y regiones, y moverse entre exchanges centralizados, carteras personales y protocolos en cadena. La CRS tradicional no cubre plenamente estas actividades. De ahí que la OCDE introdujera el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF). El CARF, publicado en 2023, exige a los proveedores de servicios de criptoactivos elegibles recopilar la identidad del cliente, su residencia fiscal y la información de las transacciones; las autoridades fiscales de las jurisdicciones participantes las comparten con los socios correspondientes mediante acuerdos internacionales de intercambio. La aprobación de este proyecto de ley en Hong Kong sitúa el mecanismo en su fase de implementación local. Según el calendario, los proveedores de servicios relevantes deben comenzar a recopilar la información exigida por el CARF el 1 de enero de 2027; el Departamento de Ingresos Internos de Hong Kong prevé iniciar el intercambio automático de información con jurisdicciones socias en 2028. Conviene precisar que 2027 es el año en que Hong Kong empieza a recopilar información y 2028 el momento en que comienza el intercambio con jurisdicciones socias. No significa que todas las plataformas vayan a remitir directamente todos los registros de clientes a autoridades fiscales extranjeras en 2027. El ámbito de reporte del CARF incluye principalmente tres tipos de operaciones: cambio entre moneda fiduciaria y criptoactivos, como comprar bitcoin con dólares o vender bitcoin para recibir moneda fiduciaria; cambio entre distintos criptoactivos, como convertir ether en USDT; y transferencias de criptoactivos sujetas a reporte, incluidas las dirigidas a otros proveedores de servicios o a direcciones de carteras externas específicas. Los proveedores también deben recopilar el nombre, la dirección, la residencia fiscal y el número de identificación fiscal del cliente para vincular los registros de transacciones con su identidad. Esto implica que las autoridades fiscales podrán acceder no solo a saldos de cuenta, sino a datos más detallados que permitan reconstruir la actividad de los clientes con criptoactivos. El CARF no vigila indiscriminadamente toda la actividad en cadena. Se apoya principalmente en los proveedores sujetos al régimen para cumplir las obligaciones de reporte. Las operaciones con carteras sin custodia, protocolos DeFi u otras no realizadas a través de entidades reportantes no quedan automáticamente cubiertas por el CARF. ¿Por qué Corea del Sur espera otros dos años? Si ya se está creando un mecanismo de intercambio de datos transfronterizos, ¿por qué Corea del Sur sigue aplazando la tributación? La explicación oficial ilustra la relación entre intercambio de información y aplicación tributaria. Corea del Sur planeaba gravar desde el 1 de enero de 2027 las rentas de personas físicas por transferencias o préstamos de criptoactivos. En la propuesta vigente, las ganancias anuales superiores a 2,5 millones de wones quedarían sujetas a un impuesto sobre la renta del 20% más un impuesto local del 2%, lo que eleva el tipo combinado al 22%. El 5 de noviembre, el ministro de Finanzas, Lee Jongyeol, señaló que el Gobierno prevé retrasar la aplicación otros dos años, hasta 2029. Sería la cuarta prórroga de esta política, que aún requiere aprobación legislativa posterior para entrar en vigor. El Ejecutivo surcoreano destacó que el calendario de intercambio transfronterizo de información fiscal afecta la equidad y la eficacia de la aplicación tributaria. No se espera que Corea del Sur empiece a intercambiar información fiscal relacionada con criptoactivos con Estados Unidos hasta 2029. Si se gravan primero las operaciones domésticas pero no se obtienen a tiempo datos de plataformas extranjeras, las autoridades fiscales tendrán dificultades para conocer plenamente las operaciones en el exterior de los contribuyentes. Los inversores activos en plataformas locales de Corea del Sur podrían quedar más fácilmente sujetos a tributación, mientras que quienes operan en plataformas extranjeras podrían quedar en una situación regulatoria distinta por falta de datos. Un sistema fiscal que solo cubra eficazmente una parte de las operaciones difícilmente logrará una tributación equitativa entre canales. Por eso Corea del Sur quiere aprovechar el plazo ampliado para perfeccionar su normativa. Además de esperar los acuerdos de intercambio transfronterizo, el Gobierno prevé aclarar las reglas fiscales para distintos tipos de operaciones, mejorar los procesos de declaración y avanzar en la legislación sobre activos digitales. No se trata solo de decidir si se gravan los criptoactivos, sino de garantizar reglas consistentes para los inversores en distintos canales a medida que los datos nacionales e internacionales se interconectan. ¿Cómo se calcula el impuesto? Para los inversores, el error más común sobre el CARF es pensar que, si la plataforma empieza a reportar información de transacciones, la autoridad fiscal podrá calcular directamente la ganancia imponible. La respuesta es no. Volumen de negociación, saldo de cuenta y renta imponible son tres conceptos distintos. Por ejemplo, un inversor compra BTC por 10.000 dólares y después lo vende por 12.000. En esa única operación, la ganancia es de 2.000 dólares, no de 12.000. Si el inversor opera repetidamente, intercambia criptoactivos entre distintas plataformas o transfiere activos a carteras personales, calcular el beneficio real se complica. Aunque las autoridades obtengan registros de transacciones, deben aplicar la legislación fiscal, determinar el coste de adquisición de los activos y evaluar la naturaleza de cada operación para identificar qué rentas son gravables. Por eso los datos del CARF no pueden equipararse directamente a una declaración de impuestos. Hay al menos otras tres cuestiones que afectan realmente la obligación fiscal de los inversores. Primera: ¿el intercambio entre criptoactivos constituye una transmisión gravable? Si un inversor cambia ether por USDT, esa operación puede considerarse una transmisión de ether en determinados regímenes fiscales, con cálculo de ganancia o pérdida según el valor de mercado en el momento del intercambio. Esto significa que el inversor puede haber generado un hecho imponible sin convertir sus activos en moneda fiduciaria. Las reglas de reconocimiento varían por país y región, y el tratamiento en una jurisdicción no puede aplicarse automáticamente a otra. Segunda: ¿pueden compensarse las pérdidas con ganancias futuras? La política original de Corea del Sur solo permitía compensar pérdidas dentro del mismo ejercicio fiscal y no admitía arrastrarlas a años posteriores. Por ejemplo, un inversor incurre en una pérdida de 10 millones de wones el primer año y obtiene una ganancia de 5 millones el segundo. Si se suman ambos años, el inversor sigue con una pérdida neta de 5 millones. Si el sistema fiscal no permite arrastrar pérdidas entre ejercicios, los 5 millones de ganancia del segundo año podrían seguir incluidos en la base imponible de ese año. El Gobierno surcoreano ha señalado que estudiará permitir a los inversores arrastrar pérdidas hasta tres años para compensar ganancias futuras. Esta medida está en estudio y aún no es una regla vigente. Tercera: la residencia fiscal importa más que la ubicación de la plataforma de negociación. Operar en una plataforma de Hong Kong, Singapur o Estados Unidos no somete automáticamente al inversor a la normativa fiscal de esas jurisdicciones. Las autoridades fiscales suelen determinar primero la residencia fiscal de una persona y si la renta correspondiente entra en el ámbito de la ley fiscal local. La ubicación de la plataforma es solo uno de los factores que se consideran para determinar obligaciones de reporte y vías de intercambio de datos. Las plataformas offshore no son herramientas que cambien automáticamente el estatus fiscal ni permitan evadir obligaciones tributarias. ¿Pagarán más impuestos los inversores de Hong Kong? La aprobación de la legislación CARF en Hong Kong no significa que Hong Kong haya introducido un nuevo impuesto sobre las ganancias de capital de los criptoactivos. El sistema fiscal hongkonés no tiene un impuesto separado sobre ganancias de capital. Las plusvalías derivadas de inversiones personales a largo plazo generalmente no están sujetas al impuesto sobre beneficios. Ahora bien, si las actividades de compra y venta de un inversor constituyen un negocio o una operación comercial, los beneficios resultantes pueden considerarse de origen hongkonés y quedar sujetos al impuesto sobre beneficios. Determinar si una ganancia es de capital o constituye beneficio comercial exige considerar factores como la frecuencia de las operaciones, el periodo de tenencia, la finalidad de las transacciones y otras circunstancias específicas; no basta con el nombre del activo ni con la plataforma utilizada. El CARF cambia la capacidad de las autoridades fiscales para obtener información, no los principios fiscales de Hong Kong sobre ganancias de criptoactivos. Para los residentes fiscales de Hong Kong, lo verdaderamente relevante no es solo si se intercambiarán los registros de transacciones, sino si pueden explicar la naturaleza de esas operaciones, el origen de los fondos y el método de cálculo de ganancias cuando las autoridades accedan a más información transfronteriza. Esos registros no solo sirven para cumplir con el CARF; también son esenciales para que los inversores calculen con precisión sus ganancias reales. La transparencia fiscal acaba de empezar. Los enfoques distintos de Hong Kong y Corea del Sur reflejan una misma tendencia: la regulación fiscal de los criptoactivos pasa de gestionar registros de transacciones dentro de una sola jurisdicción a la colaboración transfronteriza de información. El proceso no se completará de repente en una fecha concreta. Las jurisdicciones implementan el CARF en momentos distintos y el alcance de los socios que participan en el intercambio de información no es del todo homogéneo. Aunque una jurisdicción haya empezado a recopilar datos, no significa que pueda obtener de inmediato registros de transacciones de todas las plataformas extranjeras. Se espera que Estados Unidos y Corea del Sur empiecen a intercambiar información en 2029, mientras Hong Kong prevé intercambiar datos del CARF con jurisdicciones socias desde 2028. Las diferencias de calendario entre regiones seguirán afectando la medida en que las autoridades fiscales pueden comprender plenamente las operaciones transfronterizas. Por eso el CARF no es un sistema de vigilancia integral de las operaciones con criptoactivos ni un régimen fiscal global uniforme. Lo que permite es un resultado más básico: identificar, reportar e intercambiar, mediante un marco estandarizado, información de transacciones que antes estaba dispersa entre distintos proveedores de servicios y jurisdicciones. En el pasado, los inversores podían creer que mantener activos en plataformas offshore haría menos probable que los registros de transacciones llegaran a la autoridad fiscal local. En el futuro, esa suposición será cada vez menos fiable. Aun así, lo que en última instancia determina la obligación fiscal de un inversor sigue siendo su residencia fiscal, la naturaleza de sus rentas, los métodos de contabilización de costes y las reglas de compensación de pérdidas. Los exchanges offshore ya no son paraísos fiscales automáticos, pero que los datos de las transacciones sean visibles no significa que toda operación vaya a tributar. La distinción entre ambas cuestiones es clave para entender la siguiente fase de la regulación fiscal de los criptoactivos. El contenido de este artículo es solo de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. El mercado entraña riesgos; invierta con prudencia.