La Ley CLARITY de EE. UU. busca redefinir el reparto de competencias en la regulación cripto

CoinDesk informa de que la Ley CLARITY, impulsada en el Congreso de Estados Unidos, pretende resolver uno de los debates estructurales del sector: si los activos digitales deben quedar bajo la supervisión de la Securities and Exchange Commission (SEC) o de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). El proyecto cuenta con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes desde julio de 2025 y, a mayo de 2026, ya ha superado un comité clave del Senado. La iniciativa llega tras años de falta de claridad jurisdiccional. La SEC ha tendido a considerar la mayoría de los tokens como valores y ha marcado el paso mediante acciones de cumplimiento, mientras que la CFTC ha tratado a Bitcoin y a algunos tokens como materias primas. Este enfoque dual ha mantenido a equipos de proyecto, plataformas de negociación y desarrolladores en una incertidumbre prolongada, y ha empujado a algunas empresas a trasladar operaciones a mercados exteriores con marcos regulatorios más definidos. El núcleo de la Ley CLARITY es una clasificación legal en tres categorías, cada una con un régimen regulatorio distinto: - Bienes digitales: bajo supervisión de la CFTC. - Activos tipo contrato de inversión: bajo supervisión de la SEC. - Stablecoins de pago con licencia: sometidas a un marco específico independiente. Según el diseño, los bienes digitales se asocian principalmente a tokens de red con alta descentralización, utilidad práctica y sin control por parte de una única entidad; Bitcoin se presenta como el ejemplo por excelencia. Los tokens con rasgos más próximos a instrumentos de inversión seguirían sujetos a obligaciones de divulgación y normas de protección del inversor propias de la legislación de valores. Un elemento destacado del proyecto es que permite que un token cambie de categoría regulatoria a medida que evoluciona el proyecto. El artículo señala que muchas iniciativas cripto se asemejan al inicio a valores, al estar dirigidas por equipos centralizados y depender la tesis de inversión de su capacidad de ejecución; a medida que la red se descentraliza y el token adquiere funciones prácticas, puede acercarse más a una materia prima. En la práctica, un activo podría quedar inicialmente bajo la SEC y pasar posteriormente a la CFTC cuando cumpla los criterios de descentralización y utilidad fijados por la ley. El objetivo es diferenciar la financiación temprana del funcionamiento posterior de la red y evitar aplicar el mismo marco durante todo el ciclo de vida del activo. Además del reparto de competencias, la propuesta incorpora exigencias de cumplimiento para plataformas y participantes del mercado, orientadas a problemas evidenciados en episodios de riesgo previos. Entre ellas figuran la segregación de fondos de clientes, la divulgación de conflictos de interés y un conjunto de estándares de cumplimiento. Por el avance legislativo que acumula, la Ley CLARITY se sitúa más cerca de convertirse en norma que la mayoría de propuestas previas sobre estructura de mercado cripto en Estados Unidos. Si supera la votación del Senado y obtiene la firma presidencial, el sector podría pasar de un marco definido principalmente por acciones coercitivas y litigios a otro con límites establecidos por ley.