Los senadores estadounidenses Bill Cassidy (republicano por Luisiana) y Cynthia Lummis (republicana por Wyoming) han presentado la "American Made Mining Act", una propuesta orientada a repatriar infraestructura digital crítica y a reforzar la seguridad de la cadena de suministro del sector minero de criptoactivos. El texto busca, además, convertir en ley la orden ejecutiva del presidente Trump que establece una reserva estratégica de Bitcoin. Cassidy defendió que la minería de activos digitales es "una parte vital" de la economía y que debe desarrollarse en territorio estadounidense, subrayando que la iniciativa pretende asegurar el suministro, apoyar la fabricación nacional y fortalecer la industria. Lummis señaló que Trump se ha comprometido a hacer de EE. UU. la capital de los activos digitales y que la norma incorpora medidas "con visión de futuro" para traer el sector de vuelta al país y proteger el futuro financiero. El planteamiento parte de un dato clave: EE. UU. concentra el 38% del poder de "hash" global de Bitcoin, pero el 97% del hardware de minería procede de China. Para los promotores, ese desequilibrio convierte una posición de liderazgo en un riesgo operativo. Principales ejes de la "American Made Mining Act": 1) Certificación voluntaria "Made in America": el Departamento de Comercio crearía un programa voluntario de certificación para instalaciones y "pools" de minería de criptomonedas. 2) Retirada gradual de equipos vinculados a adversarios extranjeros: las instalaciones certificadas tendrían que desmantelar progresivamente equipos fabricados por empresas asociadas a adversarios extranjeros. 3) Uso de programas federales ya existentes: la transición se articularía integrando el programa de certificación en iniciativas federales de energía y desarrollo rural, sin autorizar nuevo gasto. 4) Impulso a la fabricación doméstica de hardware: el National Institute of Standards and Technology y la Manufacturing Extension Partnership apoyarían a fabricantes estadounidenses para desarrollar equipos de minería más seguros y energéticamente eficientes. 5) Reserva estratégica de Bitcoin: se establecería una reserva estratégica de Bitcoin dentro del Departamento del Tesoro, elevando a rango de ley la orden ejecutiva de Trump. La propuesta cuenta con el respaldo del Satoshi Action Fund. Su consejero delegado y cofundador, Dennis Porter, advirtió de que, si EE. UU. aspira a liderar en Bitcoin, no puede permitir que adversarios controlen los elementos clave de su cadena de suministro.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó el lunes un proyecto de reglamento destinado a abrir a los partícipes de los planes 401(k) el acceso a inversiones alternativas, incluidos criptoactivos como Bitcoin (BTC). La Employee Benefits Security Administration (EBSA) calificó la iniciativa de "histórica" y aseguró que define un marco claro, basado en procesos, para que los fiduciarios de los planes evalúen activos no tradicionales en planes de aportación definida. El núcleo de la propuesta son procedimientos de "puerto seguro" que buscan orientar a los gestores en la selección de alternativas de inversión designadas. La norma exigiría que los fiduciarios valoren cada opción potencial atendiendo a elementos como rentabilidad esperada, comisiones, liquidez, métodos de valoración, referencias de rendimiento adecuadas y el nivel de complejidad de los criptoactivos. El departamento subrayó que el texto mantiene una neutralidad deliberada respecto a las clases de activos: no respalda ningún tipo de inversión en particular, sino que establece un proceso prudente de revisión y selección. La propuesta llega tras la orden ejecutiva del presidente Trump, "Democratizing Access to Alternative Assets for 401(k) Investors", y pretende traducir esa directriz en pautas regulatorias operativas, según el comunicado. Responsables del Departamento de Trabajo indicaron que el planteamiento recupera un enfoque tradicional centrado en el proceso fiduciario, sin favorecer o penalizar tipos de activos. "Se acabaron los días en que el departamento elegía ganadores y perdedores. Nuestra norma deja claro que los gestores deben evaluar cualquier oferta potencial siguiendo un proceso prudente", afirmó el vicesecretario de Trabajo, Keith Sonderling. La EBSA señaló que la guía de cumplimiento de 2022 bajo la administración Biden —que en la práctica desincentivó a los fiduciarios a ofrecer opciones cripto— se apartaba de los requisitos de la Employee Retirement Income Security Act (ERISA) y contribuyó a la escasa adopción de alternativas en los planes de jubilación. Con el nuevo texto, el objetivo es reducir esa incertidumbre al aportar protecciones concretas, basadas en procesos, para los fiduciarios que decidan considerar inversiones en criptoactivos. La iniciativa recibió el respaldo de otras agencias. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió la regulación como "otro paso para inaugurar la Edad de Oro del presidente Trump" y dijo que la propuesta busca ampliar el acceso a opciones adicionales de jubilación para "millones de estadounidenses", manteniendo la protección de los activos destinados a la retirada. El presidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), Paul Atkins, también mostró su apoyo y destacó la relevancia de permitir que los estadounidenses participen en la innovación y el crecimiento económico mediante inversiones diversificadas y de largo plazo; añadió que la SEC ayudó a elaborar la propuesta. Si se aprueba en su forma final, la norma ofrecería a los fiduciarios de los planes una vía estructurada para evaluar criptoactivos y otros alternativos sin quedar expuestos de inmediato a los riesgos de cumplimiento normativo que en los últimos años habían frenado su incorporación. En el momento de publicación, Bitcoin cotizaba en 66.580 dólares, tras no consolidar los avances por encima de 68.000 dólares registrados a primera hora del lunes. Imagen destacada de OpenArt y gráfico de TradingView.com.

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) ha publicado el primer marco de implementación completo de la GENIUS Act (Guidance and Establishing a National Innovation for U.S. Stablecoins Act), con un borrador de 376 páginas y 211 solicitudes de comentarios. El texto se presentó el 25 de febrero de 2026 como Notice of Proposed Rulemaking (NPRM), Federal Register Docket No. 91 FR 10202. El plazo de comentarios públicos vence el 1 de mayo de 2026 y la OCC apunta a cerrar la norma el 18 de julio de 2026 (fuente: OCC NPRM, 202602). El borrador define la arquitectura del régimen de licencias para emisores (PPSI) y fija varios pilares: exigencia de reservas 1:1 mantenidas de forma continua a valor razonable, plazo máximo de reembolso de dos días hábiles y prohibición estricta de volver a pignorar o reutilizar activos de reserva. Para emisores grandes con oferta en circulación superior a 25.000 millones de dólares, se añade la obligación de cobertura total de seguro sobre depósitos por un importe del 0,5% del tamaño de las reservas (con tope de 500 millones de dólares) y diversificación en varias entidades (fuente: Sullivan & Cromwell, 202603). Si los reembolsos anualizados activan un umbral del 10%, el plazo de reembolso puede ampliarse automáticamente a siete días naturales y debe notificarse a la OCC en 24 horas (fuente: Jones Day, 202603). Punto clave del borrador: veto total a la rehipotecación de reservas. La OCC prohíbe de forma explícita que los PPSI utilicen los activos de reserva como colateral, los recoloquen como colateral o los reutilicen de cualquier manera. La medida corta el vínculo estructural entre estrategias de rentabilidad en DeFi y stablecoins que busquen operar dentro del perímetro regulado, sin excepciones ni periodo de adaptación. La narrativa de una "prohibición total" de los rendimientos se considera exagerada. Medios generalistas han presentado el texto como un veto completo a los "yields" en stablecoins, pero el análisis de política pública de CoinDesk subraya que las "presunciones rebatibles" no equivalen a una prohibición absoluta, dejando margen para incentivos a nivel de plataforma y descuentos a comercios (fuente: CoinDesk, 202603). El borrador también introduce un mecanismo de resolución que, según CoinFound, es el verdadero instrumento de depuración del mercado: una cláusula tipo "cascada" que activa restricciones y liquidación obligatoria vinculadas al capital. Si un emisor no supera la prueba de capital al cierre de un trimestre, se le prohíbe emitir nuevos activos; si falla durante dos trimestres consecutivos, se activa la liquidación obligatoria y, durante ese proceso, no podrán cobrarse comisiones de reembolso. La lectura es directa: la presión recae sobre emisores cripto-nativos con estructuras de capital más frágiles. La OCC estima que el capital mínimo viable efectivo para nuevos solicitantes se sitúa entre 6,05 millones y 25 millones de dólares (fuente: Covington & Burling, 202602). A la vez, las filiales de bancos tradicionales parten con ventaja: no necesitan construir desde cero la infraestructura de cumplimiento, lo que genera una asimetría de costes "altamente significativa". Otro elemento relevante es lo que falta: los requisitos AML/CFT se han aplazado de forma expresa a una regulación futura del Departamento del Tesoro. En la práctica, los emisores con licencia podrían iniciar operaciones sin un marco completo de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo, asumiendo ellos mismos el riesgo regulatorio. Implicaciones previstas Señal a corto plazo (próximos 3 meses): el foco del mercado tendería a moverse desde el debate sobre si el veto al rendimiento excede las competencias de la GENIUS Act hacia el diseño de rutas de adecuación de capital. Los acuerdos de rendimiento de USDC entre Coinbase y Circle quedarían bajo escrutinio por presunción rebatible, lo que podría obligar a renegociar durante el periodo de comentarios para aproximar el reparto de beneficios a programas de fidelización más que a pagos de intereses (fuente: Perkins Coie, 202603). PYUSD de PayPal afrontaría presiones similares. Impacto estructural a medio plazo (6–18 meses): el mayor interrogante es Tether. Para registrarse como PPSI offshore (FPSI), el Departamento del Tesoro debe considerar "comparable" el marco regulatorio de su jurisdicción de origen y, además, Tether tendría que someterse a la jurisdicción de los tribunales federales de EE. UU. (fuente: Sullivan & Cromwell, 202603). Esa determinación aún no existe y no hay calendario ni precedentes claros. Si se retrasa o resulta negativa, la disponibilidad de Tether en EE. UU. podría quedar limitada institucionalmente, dejando a USDC como la única gran stablecoin con cumplimiento regulatorio pleno en el país. En conjunto, el borrador aceleraría la polarización del mercado: los costes de cumplimiento favorecerían a instituciones con mayor capital (como Circle y stablecoins respaldadas por bancos), mientras que los emisores pequeños y cripto-nativos quedarían ante una alternativa binaria: solicitar licencia o retirarse. La tesis central de CoinFound es que la prohibición de recoloquización/rehipotecación y la liquidación obligatoria por incumplimiento de capital revocan de forma sistemática la viabilidad del modelo no bancario para emitir stablecoins, más como reordenación de mercado que como ajuste técnico. Calendario de entrada en vigor: una vez se implemente la norma final de la OCC, comenzaría una cuenta atrás de 120 días. Si la norma final se publica antes de julio de 2026, la GENIUS Act podría entrar en vigor tan pronto como noviembre de 2026, lo que exigiría completar la reestructuración de cumplimiento del mercado antes de esa fecha. Riesgos y puntos de vigilancia La mayor fuente de incertidumbre es la distancia entre el borrador y la norma final. Entre las 211 cuestiones sometidas a comentario sigue abierta, en particular, la decisión sobre estándares de liquidez (Opción A: basado en principios vs. Opción B: cuantitativo y obligatorio), que podría endurecer o suavizar de forma sustancial los requisitos de capital. Además, al no haberse publicado todavía el marco AML/CFT, esta evaluación no incorpora sus costes, con el riesgo de infravalorar la carga regulatoria total. Los datos están actualizados a marzo de 2026 y el lobby sectorial durante el periodo de comentarios podría alterar de forma significativa el texto. El contraindicador más relevante: si el Departamento del Tesoro emite una determinación positiva de comparabilidad para la jurisdicción de origen de Tether, la compañía podría lograr acceso legítimo al mercado estadounidense, lo que cambiaría de raíz el análisis sobre su posición competitiva. Este contenido es informativo y analítico y no constituye asesoramiento de inversión. Fuentes citadas: Jones Day (202603), Sullivan & Cromwell (202603), Perkins Coie (marzo 2026), Covington & Burling (202602), Elliptic (202603), CoinDesk (202603), OCC NPRM (202602).

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos propone abrir los planes de jubilación 401(k) a la inversión en criptoactivos, en línea con una orden impulsada por Donald Trump.

Los senadores Cynthia Lummis y Bill Cassidy han presentado la "Mined in America Act", una propuesta para fortalecer la minería de activos digitales en territorio estadounidense. El texto busca dar rango legal a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para crear formalmente una reserva estratégica nacional de bitcoin. La iniciativa plantea dotar de capital a esa reserva con BTC incautados por el Departamento del Tesoro a través de procedimientos judiciales y civiles. Con ello, los legisladores republicanos pretenden consolidar una reserva estratégica y ampliar el papel de la minería dentro de la economía nacional, en línea con el objetivo de convertir al país en la "capital cripto del mundo". Cassidy defendió la medida en un mensaje publicado el 30 de marzo de 2026: "La minería de activos digitales es una gran parte de nuestra economía. Deberíamos hacerla aquí en EE. UU. Orgulloso de presentar la Mined in America Act con @SenLummis, que asegura las cadenas de suministro, respalda la manufactura estadounidense y apoya esta industria clave". El mercado sigue de cerca este movimiento institucional, ya que la gestión de las tenencias públicas de BTC puede influir de forma directa en la capitalización total del sector. En la actualidad, la red minera de EE. UU. concentra una parte relevante del hashrate global, y estas políticas buscan proteger esa infraestructura frente a la competencia extranjera. Más minería local y soberanía digital El proyecto encarga al Departamento de Comercio la creación de un programa voluntario de certificación para pools de minería y centros de datos. El objetivo es homogeneizar estándares bajo un marco regulatorio que fomente la transparencia y la eficiencia operativa en todo el país. Además, exige que las instalaciones certificadas inicien una transición para dejar de utilizar equipos de minería fabricados por empresas vinculadas a adversarios extranjeros. La propuesta combina así un enfoque económico con uno de seguridad nacional, con la intención de mantener soberana la infraestructura asociada a blockchain. Lummis, que no se presentará a la reelección en 2027, ha sido una figura destacada en el impulso de reformas fiscales y regulatorias vinculadas a las criptomonedas. Con esta iniciativa, busca dejar un marco legal sólido que respalde el crecimiento de los activos digitales antes de concluir su mandato. La "Mined in America Act" se perfila como un paso relevante para institucionalizar bitcoin en Estados Unidos. Al vincular minería doméstica y reserva estratégica, el Gobierno aspira a reforzar su liderazgo tecnológico y financiero en el nuevo ecosistema digital global.

ÚLTIMA HORA: La SEC autorizó a los bróker-dealers a pignorar acciones de los índices Russell 1000 y S&P 500 como colateral al tomar prestados valores. La medida busca mejorar la liquidez y reforzar la gestión del riesgo en los mercados de préstamo de valores.

El Banco Central de Cuba (BCC) aprobó por primera vez a 10 empresas —nueve pequeñas, medianas y microempresas y una empresa mixta— para utilizar criptomonedas en pagos internacionales, según ME News. La autorización, comunicada el 31 de marzo (UTC+8), tendrá una vigencia de un año y podrá renovarse previa solicitud. Las compañías solo podrán emplear criptoactivos en operaciones transfronterizas vinculadas a su actividad principal y deberán canalizar las transacciones a través de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) con licencia del BCC. Además, tendrán que presentar informes trimestrales al regulador con el volumen de operaciones, las criptomonedas utilizadas y los datos del proveedor intermediario. El BCC regula los activos virtuales desde 2021. En abril de 2022 se permitió el uso de Bitcoin y otras plataformas de criptomonedas, siempre bajo autorización oficial. Se trata de la primera vez que empresas cubanas reciben licencias para participar de forma directa en operaciones de pago internacional. (Fuente: Foresight News)

ChainCatcher informa de que, según datos de investigación de Forbes, Dune y Visa, la oferta total de stablecoins no denominadas en dólares estadounidenses ya alcanza los 1.200 millones de dólares, con un volumen mensual de transacciones on-chain cercano a los 10.000 millones. El número de direcciones que mantienen estos activos ha pasado de unas 40.000 a comienzos de 2023 a 1,2 millones en la actualidad. Las stablecoins referenciadas al euro lideran el avance, impulsadas por el marco regulatorio MiCA: su volumen mensual ha aumentado interanualmente de 383 millones de dólares a 3.830 millones. También siguen creciendo las stablecoins denominadas en yen japonés, dólar de Singapur, real brasileño y otras divisas locales. La tendencia apunta a una transición desde un ecosistema dominado por el dólar hacia un sistema de liquidación on-chain multidivisa.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha presentado cargos contra Jonathan Spalletta, un hombre de 36 años de Maryland, por presuntamente piratear en dos ocasiones en 2021 el exchange descentralizado Uranium Finance, según The Block. Los fiscales sostienen que, en el primer ataque, se apropió de unos 1,4 millones de dólares mediante transacciones engañosas con contratos inteligentes. Semanas después, habría aprovechado una vulnerabilidad del contrato para sustraer otros 53,3 millones de dólares, dejando al protocolo sin fondos y obligándolo a cesar su actividad. De acuerdo con la acusación, el dinero robado se blanqueó posteriormente y se destinó a la compra de cartas raras de Pokémon y Magic: The Gathering por valor de millones de dólares, además de un fragmento de tejido original del avión de los hermanos Wright que viajó a la superficie lunar durante una misión Apolo. Spalletta se enfrenta a cargos por fraude informático, con una pena máxima de 10 años, y por blanqueo de capitales, con hasta 20 años, lo que eleva el máximo conjunto a 30 años. Las autoridades estadounidenses ya recuperaron 31 millones de dólares en criptoactivos en febrero de 2025.